Colombia y China: ¿Socios para una transición verde con soberanía tecnológica?

En los últimos años, el vínculo entre Colombia y China ha dejado de ser una relación meramente comercial para convertirse en un laboratorio de cooperación en materia de sostenibilidad. Durante el periodo 2018–2025, ambos países han construido una arquitectura de colaboración que incluye desde megaproyectos de energía solar hasta pilotos de hidrógeno verde y sistemas de transporte eléctrico. La narrativa oficial celebra estos avances como pasos firmes hacia una transición energética justa y moderna.

Pero detrás de las cifras y de las inauguraciones, emerge una pregunta crucial: ¿estamos ante un cambio estructural del modelo energético colombiano o, más bien, frente a una nueva forma de dependencia tecnológica disfrazada de verde

Del discurso a la obra: lo que ya se ha logrado

No se puede negar que la cooperación ha producido resultados concretos. Ejemplos como el parque solar La Loma en el Cesar, uno de los más grandes del país; el piloto de hidrógeno en Cartagena; o la adquisición de trenes eléctricos para el Metro de Bogotá representan pasos tangibles hacia la diversificación de la matriz energética.

Más allá de la infraestructura, también han surgido plataformas de cooperación académica y técnica. El Centro Binacional Tsinghua–Universidad Nacional ha impulsado la formación de profesionales colombianos en áreas como ingeniería energética, movilidad eléctrica y gestión ambiental. Este componente de formación es clave, pues un verdadero cambio no se logra solo con infraestructura importada, sino con capacidades humanas propias.

Estos proyectos muestran una coherencia con los objetivos climáticos globales, en particular con los compromisos del Acuerdo de París, y posicionan a Colombia como un socio latinoamericano relevante para China en materia de sostenibilidad.

La dependencia que se esconde bajo el verde

Sin embargo, cuando se analizan las cadenas de valor y la procedencia de la tecnología utilizada, se revela una realidad menos optimista. La mayor parte de los equipos, desde paneles solares hasta buses eléctricos, son importados. Colombia participa como mercado receptor y, en el mejor de los casos, como ensamblador parcial. En base a la CEPAL (2024), este patrón de cooperación, común en varios países latinoamericanos, corre el riesgo de reproducir la histórica dependencia de la región: exportar materias primas y comprar tecnología de alto valor agregado. Si bien ahora esa tecnología es «verde», la lógica económica sigue siendo la misma.

La falta de producción nacional de componentes, de patentes propias y de empresas locales capaces de competir en el sector energético limita la capacidad de Colombia para negociar en condiciones de igualdad. Y sin esa capacidad, la transición energética puede convertirse en un proceso costoso, vulnerable a choques externos y con beneficios concentrados en pocos actores.

La dimensión social: transición para quién

La sostenibilidad no es solo un asunto técnico; es, sobre todo, un tema social. La transición energética, si no se gestiona con sensibilidad y participación, puede reproducir desigualdades históricas.

El caso de La Guajira es ilustrativo. Allí, varios proyectos eólicos y solares han generado tensiones con comunidades indígenas Wayuu que denuncian falta de consulta previa efectiva, impactos ambientales no mitigados y beneficios económicos insuficientes. La ONU Colombia (2024) ha advertido que, sin mecanismos claros de participación y de redistribución de beneficios, la llamada “transición justa” puede volverse una transición excluyente.

Esto abre un dilema político: ¿cómo garantizar que las inversiones verdes, muchas de ellas con capital extranjero, respeten la soberanía de las comunidades y fortalezcan el tejido social local?

Reglas claras para una cooperación transformadora

Si Colombia quiere que su cooperación con China en materia energética sea un verdadero motor de desarrollo, necesita establecer un marco regulatorio robusto que priorice tres elementos:

1. Transferencia tecnológica: incluir cláusulas en los contratos que aseguren que parte del conocimiento y las patentes asociadas a los proyectos queden en manos colombianas.

2. Formación de capacidades locales: exigir planes de capacitación y empleo para técnicos e ingenieros nacionales, evitando que la operación y el mantenimiento dependan exclusivamente de personal extranjero.

3. Altos estándares socioambientales: garantizar que los proyectos respeten derechos humanos, normas ambientales y acuerdos con comunidades locales, más allá de los mínimos legales.

Estas medidas no solo protegerían los intereses nacionales, sino que también permitirían que Colombia pase de ser un país que consume tecnología verde a uno que también la produce, innova y exporta.

De la etapa inicial a un liderazgo regional

El periodo 2018–2025 puede considerarse una fase fundacional de la cooperación verde entre Colombia y China. Se han sentado las bases, pero el verdadero reto será lo que ocurra de aquí a 2030. Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional de transición energética con soberanía tecnológica, siempre que considere:

– Apostar por la investigación y el desarrollo propios.

– Diversificar sus socios y no depender de un único proveedor.

– Integrar la transición verde con una visión de justicia social y desarrollo industrial.

Esto implica pasar de una lógica de “proyectos” a una lógica de “ecosistema”, donde empresas, universidades, comunidades y Estado trabajen juntos para construir capacidades a largo plazo.

Reflexión final

China y Colombia han demostrado que la cooperación puede acelerar la adopción de energías limpias. Pero para que esta transición sea verdaderamente transformadora, Colombia debe dejar de verse a sí misma como un mercado receptor y empezar a actuar como co-creador de soluciones tecnológicas.

En el mundo de la energía, la soberanía no se mide solo en megavatios generados, sino en la capacidad de un país para decidir, innovar y controlar las herramientas con las que produce su propio futuro.