Serie Especial COVID-19. Columna sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 15 de febrero de 2021
China y América Latina y el Caribe: Debate sobre el desarrollo post COVID-19
Por Rubén González-Vicente
La devastadora pandemia que ha asolado el mundo a lo largo del último año, y cuyo final todavía no se atisba con claridad, ha servido al menos para que gobiernos y sociedades a nivel mundial reconsideren sus prioridades y reevalúen sus modelos de desarrollo. No han sido pocos, por ejemplo, los que reclaman un papel más importante para lo estatal y lo público en la gestión de la sanidad pública. Otros, preocupados por cómo la crisis ecológica mundial contribuye a la liberación de nuevos patógenos, han buscado inspiración en filosofías indígenas que priorizan la sostenibilidad y los derechos de la naturaleza por encima de la incesante búsqueda de un “crecimiento” cimentado en la explotación social y medioambiental. Desde esta perspectiva, se resalta también la importancia de los lazos personales y comunitarios que tanto añoramos en tiempos de confinamiento, y que forman parte indispensable de la formulación de conceptos como la satisfacción y el bienestar.
En este contexto, los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de reevaluar los grandes modelos desarrollistas que se debaten en la región. Entre estos modelos, resulta indispensable estudiar los impactos de los fuertes lazos comerciales desarrollados con China, y de la “Nueva Ruta de la Seda”, una iniciativa a la que ya se han unido 18 países en la región. A continuación revisaré tres posibles modos de entender la presencia comercial china en América Latina y el Caribe. Por un lado, existe una narrativa que presenta a China como una potencia neocolonial cuya mayor arma es lo que algunos han denominado la “diplomacia de la trampa de la deuda”. Por otro lado, nos encontramos la postura oficial china que argumenta que la relación es solidaria y mutuamente beneficiosa. Finalmente, y en contraste con las dos perspectivas anteriores, propongo una visión holística y menos sesgada sobre los costes reales y el valor de los diversos proyectos del capital chino en la región.
Los argumentos sobre la “diplomacia de la trampa de la deuda” tienen un origen común en el puerto de Hambantota en Sri Lanka, construido por la China Harbor Engineering Company y financiado por el Banco Chino de Exportación e Importación. Tras declararse el gobierno local insolvente para el pago de la deuda contraída, el puerto y 6000 hectáreas de terreno colindante pasaron a ser gestionados por una empresa del China Merchants Port Group en 2017. Para muchos, el caso de Hambantota es un claro ejemplo de la estrategia china: lograr que gobiernos a lo largo y ancho del mundo contraigan deudas inasumibles para así desposeerlos de sus bienes públicos y privados, limitando su soberanía y convirtiéndolos en satélites geopolíticos de Pekín. Pese a que esta hipótesis es muy atractiva para los rivales de China, todas las investigaciones serias hasta la fecha coinciden en señalar que es errónea, incluso en lo que se refiere al caso de Hambantota (Moramudali, 2020). Por ejemplo, un estudio del Rhodium Group ha evidenciado que los bancos chinos están mucho más interesados en renegociar deudas que en incautar bienes en casos de impago (Kratz et al., 2019). Los académicos Lee Jones y Shahar Hameiri concluyen en un artículo para Chatham House, que los préstamos chinos se rigen por una lógica comercial, y que existe demasiada descoordinación entre ellos como para discernir una estrategia geopolítica (Jones & Hameiri, 2020).
La segunda hipótesis la expone el propio gobierno chino. Según fuentes oficialistas, la Iniciativa de la Franja y la Ruta – la tal vez poca elegante traducción del “Yidai Yilu” o “Belt and Road Initiative” – promueve una “globalización inclusiva que produce beneficios compartidos” (Xinhua, 2019). La retórica de cooperación y ganancia mutua es ineludible en los pronunciamientos oficiales, como uno podía esperar, y enfatiza que la financiación china no está ligada a exigencias macroeconómicas que puedan infringir la soberanía de estados independientes. Tras esta retórica de cooperación para el desarrollo se oculta, no obstante, la orientación eminentemente comercial de las actividades chinas en América Latina y el Caribe. De este modo, investigadores como Kevin Gallagher y Rebecca Ray han detallado los préstamos ofrecidos a América Latina y el Caribe por el Banco Chino de Desarrollo y el Banco Chino de Exportación e Importación por un monto de US$130 mil millones de dólares entre 2008 y 2019 con tasas de interés mayoritariamente muy similares a los de entidades comerciales (Global Development Policy Center, 2020).
Si la financiación china no representa ni una trampa ni un regalo desinteresado, ¿qué es entonces?, nada más y nada menos que financiación comercial que, dentro de un marco de relaciones capitalistas, ofrece capacidad inversora a corto plazo y provoca un endeudamiento económico y a veces medioambiental a mediano y largo plazo. Dentro de estos parámetros, lo que distingue la financiación china es la ausencia de condiciones macroeconómicas (aunque sí que pueden existir condiciones de tipo fiscal y laboral a nivel de proyecto), una relativa opacidad contractual y la total ausencia de procesos consultivos locales como los que sí que se contemplan (aunque no sin problemas) en otros tipos de financiación para el desarrollo. Así pues, corresponde a los gobiernos receptores de préstamos la responsabilidad de paliar estas dos últimas carencias, fomentando la transparencia y la democratización de estas inversiones.
Esta democratización requerirá estudiar el valor, más allá de una lógica de mercado, de los recursos endeudados para la realización de proyectos. La evaluación del coste de cualquier deuda con China post pandemia del COVID-19, deberá tener en cuenta la capacidad de un proyecto para generar actividad económica que permita pagar la deuda a largo plazo, los beneficios sociales más allá de la generación de actividad económica en sí (en especial para poblaciones vulnerables), y el coste medioambiental a largo plazo. Sin una regulación democrática de los préstamos y una visión holística del desarrollo, la “Nueva Ruta de la Seda” tan sólo representará un nuevo camino hacia el subdesarrollo.
Referencias:
Global Development Policy Center (2020) ‘China’s Overseas Development Finance’. En: https://www.bu.edu/gdp/chinas-overseas-development-finance/ (Consultado 08.02.2021)
Jones, L. & Hameiri, S. (2020) ‘Debunking the Myth of “Debt-trap Diplomacy”’, Chatham House. En: https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy (Consultado 08.02.2021)
Kratz, Agatha, Feng, Allen & Wright, Logan (2019) ‘New Data on the “Debt Trap” Question’, Rhodium Group. En: https://rhg.com/research/new-data-on-the-debt-trap-question/ (Consultado 10.02.2021)
Moramudali, Umesh (2020) ‘The Hambantota Port deal: Myths and Realities’, The Diplomat. En: https://thediplomat.com/2020/01/the-hambantota-port-deal-myths-and-realities/ (Consultado 10.02.2021)
Xinhua (2019) ‘Iniciativa de Franja y Ruta es plataforma prometedora para cooperación internacional’. En: http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/26/c_138013529.htm (Consultado 10.02.2021)
Rubén González-Vicente es Profesor de Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Doctor en Geografía de la Universidad de Cambridge y Master de la City University of Hong Kong. Coordinador del eje de Medio Ambiente y Desarrollo de REDCAEM.