Columna sobre Política y Relaciones Internacionales, 06 de Abril de 2026

El delicado equilibrio de la administración Kast entre China y Estados Unidos en Chile

Por R. Evan Ellis

 

Del 22 al 28 de marzo de 2026, estuve en Santiago de Chile, dando presentaciones y conversando con expertos sobre las actividades de la República Popular China (RPC) en Chile. El nuevo presidente del país, José Antonio Kast, quien asumió el cargo el 11 de marzo, se encuentra en una situación delicada, debatiéndose entre su prioridad de fortalecer las relaciones con Washington y la enorme influencia que la RPC ejerce sobre Chile como principal destino de sus exportaciones, con amplias y profundas relaciones comerciales y personales en todo el país. Como símbolo de este dilema, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez MacKenna, formado en Chicago, proviene de un entorno empresarial con estrechos vínculos con empresas estadounidenses y la Cámara de Comercio Americana, pero anteriormente ocupó el segundo puesto en el Grupo Luksic, una de las organizaciones empresariales más poderosas de Chile, cuyos negocios mineros y de otro tipo están dominados por sus vínculos con la RPC como cliente y socio. En su discurso público, incluyendo una entrevista sobre la postura de la nueva administración en política exterior con el prestigioso diario El Mercurio, Pérez MacKenna se ha esforzado por evitar sugerir que el notable acercamiento del presidente Kast a Washington en temas clave de política exterior y otros asuntos implique una disposición chilena a enfriar sus lazos con Beijing. De hecho, durante mi semana en Chile, la cuenta de redes sociales de Pérez MacKenna publicó un mensaje que fue ampliamente comentado entre las personas con las que interactué, con fotografías del ministro estrechando la mano del embajador estadounidense Brandon Judd y del embajador de la República Popular China, Niu Qingbao, idénticos incluso en la postura corporal, el traje y la corbata de Pérez MacKenna.
En las semanas previas a la toma de posesión del presidente Kast y su gobierno, diversos eventos simbólicos evidenciaron los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar las actividades de la República Popular China en áreas estratégicamente sensibles de Chile, así como las acciones de la República Popular China para reafirmar su presencia y demostrar que no se dejaría intimidar. Estados Unidos sancionó a tres altos funcionarios del gobierno saliente de Gabriel Boric por su participación en un cable de fibra óptica chino entre Valparaíso y Hong Kong, que potencialmente habría dado a la inteligencia china acceso a una parte significativa de los datos transmitidos entre ambos continentes. El embajador de la República Popular China, Niu, respondió que China no permitiría que Estados Unidos “socavara la soberanía” de otros países. Mientras se desarrollaba la polémica del cable de datos “Chile-China Express”, el buque oceanográfico chino Tan Suo Yi Hao, acusado por expertos en seguridad australianos de participar en actividades de espionaje, realizó una misión presentada como exploración científica en aguas chilenas. Casi simultáneamente, el buque hospital del Ejército Popular de Liberación, Silk Road Ark, hizo escala en los puertos chilenos de Antofagasta y Valparaíso, a pesar de la evidente falta de necesidad de dicha “asistencia” en el sistema de salud chileno, que cuenta con altos estándares de calidad. De hecho, no estaban autorizados por el gobierno chileno para realizar operaciones médicas, de acuerdo con las estrictas leyes de control de calidad médica del país. Poco antes de estos incidentes, el gobierno chileno también había paralizado la construcción por parte de la República Popular China de la instalación espacial Ventarrones en el desierto de Atacama, en la que los expertos habían identificado el riesgo de que fuera utilizada con fines militares contra Estados Unidos en tiempos de guerra.
Durante mi discurso inaugural del año académico en la Escuela Superior de Guerra de Chile (ANEPE), una delegación del Ejército Popular de Liberación (EPL) de tres miembros, incluyendo a su agregado militar, el Coronel Mayor Wang Hui, y su adjunto, el Teniente Coronel Chen Chen, asistió a la sesión junto con otros agregados militares de países amigos de Chile, aunque algunos colegas me comentaron que es poco común que participen en tales foros.
Si bien la reacción más pública de Estados Unidos ante las actividades de China en Chile se ha centrado en los ámbitos militar, espacial y de tecnología estratégica, la principal herramienta de presión de la República Popular China sobre Chile es, sin duda, su sólida posición como socio comercial, complementada por la extensa red de relaciones que ha construido en el país. Como me expresó con franqueza un empresario chileno de alto nivel con quien conversé, dado que el 40% de las exportaciones de Chile se dirigen a China, el doble de lo que Chile vende a Estados Unidos, sería imprudente que el país se arriesgara a provocar a China. Citó cómo la República Popular China (RPC) había impuesto duras sanciones económicas a Australia cuando esta última se opuso a China en materia de seguridad, lo que me demostró que el historial de la RPC de venganza sutil pero significativa contra quienes la desafían está muy presente en la mente de los chilenos.
Prácticamente todos los sectores importantes de la economía chilena se ven afectados de alguna manera por la RPC. El 75% del cobre chileno, la principal exportación del país, y una proporción similar de su litio, se destinan a la RPC. La empresa china Tianqi es un importante inversor en el sector del litio chileno, en asociación con SQM, vinculada al magnate chileno Julio Ponce Lerou. China también compra el 90% de las cerezas chilenas, una parte significativa de sus uvas y otras frutas, así como vino chileno e incluso pulpa de madera.
En el sector eléctrico, las empresas con sede en la RPC controlan casi el 60% de la distribución eléctrica en todo el país y son los principales proveedores de paneles solares, además de importantes constructores de instalaciones eólicas y solares en todo el territorio nacional. El 40% de los automóviles en Chile son chinos, y empresas chinas como BYD tienen una participación mucho mayor en el mercado de vehículos eléctricos, incluyendo autobuses eléctricos. Por ejemplo, todos los autobuses en Copiapó son ahora eléctricos, vendidos a la ciudad por China, mientras que Santiago cuenta con la mayor flota de autobuses eléctricos chinos fuera de la República Popular China.
En telecomunicaciones y otras industrias digitales, las empresas chinas son dominantes. Marcas chinas de celulares como Huawei, ZTE, Xiaomi, Honor y Oppo son omnipresentes y se ofrecen a través de casi todos los principales proveedores de servicios de Chile: Movistar, Entel, Claro y WOM. Huawei tiene al menos tres centros de datos en Chile y había anunciado planes para construir más, junto con la empresa china Tencent, si se concreta el proyecto del cable Chile-China Express.
En el sector portuario estratégico, dos empresas chinas, China Railway Construction Corporation (CRCC) y China Harbour Engineering Corporation (CHEC), figuran entre las siete precalificadas para la primera fase de un proyecto importante, aunque largamente demorado, para ampliar el Puerto de San Antonio, el puerto de aguas profundas más importante de Chile, que sirve al área metropolitana de Santiago. De menor valor comercial, pero de enorme importancia estratégica potencial, durante mi viaje, mis colegas también me informaron sobre los compromisos iniciales firmados para un nuevo proyecto portuario de Shanghai Ports Investment Corporation en Tierra del Fuego, donde una instalación china podría brindar a la República Popular China la oportunidad de observar e incluso poner en riesgo el tránsito de buques de guerra estadounidenses por el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake en tiempos de guerra.
CRCC también ha desempeñado un papel clave en importantes proyectos de infraestructura, incluyendo mejoras en la Autopista 5, la principal arteria norte-sur del país, y la Línea 7 del Metro de Santiago. Sin embargo, CRCC tuvo problemas de desempeño en ambos proyectos, lo que llevó al gobierno chileno a excluirla del proyecto del metro, además de una demanda de 140 millones de dólares por su trabajo en la Autopista 5.
En el sector minorista, se estima que existen alrededor de 1.000 centros comerciales chinos en todo el país, prácticamente en todas las ciudades chilenas. Estos se han convertido en el foco de atención de las autoridades debido a prácticas irregulares, desde el contrabando hasta la omisión de recibos, lo que les permite evadir impuestos.
Irónicamente, en sectores como la electricidad, la minería y la infraestructura de transporte, las políticas favorables al mercado y de simplificación regulatoria que apoya el presidente Kast podrían acelerar el avance de las empresas chinas en el país, especialmente aquellas cuyos proyectos se vieron obstaculizados por regulaciones ambientales y de otro tipo durante la administración anterior de Boric.
Más allá de los negocios, también son notables las redes chinas que han surgido en Chile a través de vínculos comerciales y de otra índole. Estas incluyen organizaciones formales como el Consejo Empresarial China-Chile (CHICIT). El Congreso de Chile cuenta con un grupo de amistad con la República Popular China inusualmente grande, con más de 40 miembros en la sesión anterior, incluyendo a su presidente, el miembro del Partido Comunista de Chile, Karol Cariola, quien estuvo implicado en un escándalo de tráfico de influencias que involucró al empresario chino Emilio Yang y la certificación irregular de uno de sus centros comerciales chinos. Estas redes también incluyen viajes de funcionarios locales, aprovechando en ocasiones las relaciones de hermanamiento entre ciudades y provincias que la República Popular China ha establecido en el país, como la que existe entre Hefei y Santiago.
En el ámbito académico, importantes universidades chilenas como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santo Tomás y la Universidad Andrés Bello cuentan con programas de estudios chinos que mantienen redes de académicos con vínculos con la República Popular China. Iniciativas que conectan a académicos chilenos especializados en China de diversas universidades, como el programa Núcleo Millenium ICLAC, facilitan aún más estos vínculos. Además de estas redes académicas, la República Popular China cuenta con 17 Institutos Confucio en Chile, incluyendo uno en la FUniversidad Católica, uno en la Universidad de la Frontera en Temuco, uno nuevo, inaugurado en diciembre de 2025, en la Universidad de Magallanes, y un total de 14 asociados a campus de la Universidad de Santo Tomás en todo el país. Chile también alberga CRICAL, la sede de todos los Institutos Confucio chinos, en la Universidad de Santo Tomás. Estas instituciones también sirven como puerta de entrada clave para atraer a chilenos interesados ​​en los estudios de lengua y cultura chinas, canalizando a los más capaces hacia contactos más profundos con la República Popular China a través de becas financiadas por el gobierno chino y otras becas.
En el ámbito mediático, los dos principales periódicos chilenos, El Mercurio y La Tercera, reciben ingresos publicitarios de la República Popular China (RPC). El Mercurio publica regularmente editoriales textuales del embajador de la RPC, Niu Qingbao. Radio Cooperativa, de tendencia izquierdista, y la organización china Radio China Internacional coproducen un programa relativamente conocido a favor de China, “El Efecto China”.
Las redes de la RPC en Chile se extienden a la actividad delictiva, y se cree que la presencia más fuerte involucra a un grupo mafioso con base en Fujian. Se informa que están involucrados en la trata de personas, el cultivo de marihuana y drogas sintéticas, entre otras actividades. Existen indicios de que los servicios de inteligencia chinos podrían colaborar con estos grupos. Por ejemplo, una supuesta “comisaría” de la RPC en Viña del Mar estaba ubicada en el restaurante Fooly, propiedad del empresario chino Wang Ing La, con presuntos vínculos con la mafia. Con tantos vínculos con China entre los grupos empresariales chilenos y tantas redes de relaciones interpersonales chinas, es difícil imaginar que el gobierno de Kast reduzca significativamente la presencia comercial de la República Popular China o disminuya su presión política sobre ella. Es igualmente probable que el embajador de Estados Unidos en Chile, Judd, conocido por su franqueza, continúe denunciando las relaciones arriesgadas o inapropiadas con China. Mientras tanto, el presidente Kast seguirá actuando con cautela respecto a hasta qué punto limitar el poder de su propio gobierno, posiblemente arriesgándose a represalias económicas y de otro tipo por parte de China, con el fin de fortalecer aún más la relación con Washington.

 

R. Evan Ellis es Profesor e Investigador sobre América Latina en el U.S. Army War College. Las opiniones expresadas aquí son estrictamente suyas.
Nota: Originalmente publicado por Infobae. https://www.infobae.com/america/opinion/2026/04/01/el-delicado-equilibrio-de-la-administracion-kast-entre-china-y-estados-unidos-en-chile/

Column on Politics and International Relations, April 6, 2026

The Kast Administration in Chile: Pursuing Washington’s Goodwill and China’s Money

By R. Evan Ellis

 

From March 22-28, 2026, I was in Santiago Chile, giving presentations and speaking to experts on the activities of the People’s Republic of China (PRC) in Chile.  The country’s new President Jose Antonio Kast, inaugurated on March 11, is navigating a delicate path between his priority to strengthen relations with Washington, and the enormous leverage that the PRC has over Chile as the country’s principal export destination, with broad and deep business and personal relationships throughout the country.  Symbolic of the dilemma, Chile’s Chicago-educated Foreign Minister, Francisco Perez MacKenna, hails from a business background with close ties to U.S. companies and the American Chamber of Commerce, yet previously occupying the number two position in the Luksic Group, one of the most powerful business organizations in Chile, whose mining and other businesses are dominated by their ties to the PRC as a client and a partner.  In his public discourse, including an interview on the new administration’s foreign relations posture with leading newspaper El Mercurio, Perez MacKenna has taken painstaking steps to avoid suggesting that President Kast’s notable embrace of Washington on key foreign policy and other issues implies a Chilean willingness to cool its ties with Beijing.  Indeed, during my week in Chile, Perez McKenna’s social media account posted a message broadly discussed among those with whom I interacted, with side-by-side pictures of the Minister shaking hands with both U.S. Ambassador Brandon Judd and PRC Ambassador Niu Qingbao, identical down to Perez MacKenna’s body posture, suit and tie.
In the weeks surrounding the installation of President Kast and his government, multiple symbolic events showcased U.S. efforts to push back against PRC activities in strategically sensitive areas in Chile, and PRC actions to assert its persistent presence and show it would not be cowed.  The U.S. sanctioned three top officials of the outgoing Gabriel Boric administration for their role in a Chinese fiber optic data cable between Valparaiso and Hong Kong, which would potentially have given the Chinese intelligence access to a significant portion of data routed between the two continents, with PRC Ambassador Niu striking back, that China would not allow the U.S. to “undermine the sovereignty” of other countries.  Even as the drama of the “Chile-China Express” data cable played out, a Chinese oceanography ship, the Tan Suo Yi Hao, accused by Australian security experts of engagement in espionage activities, conducted a mission represented as scientific exploration in Chilean waters.  Almost simultaneously, the People’s Liberation Army Hospital Ship Silk Road Ark made calls in the Chilean ports of Antofagasta and Valparaiso, despite an arguable lack of need for such “assistance” in Chile’s high-quality healthcare system.  Indeed, they were not authorized by the Chilean government to conduct medical operations under the country’s strict medical quality control laws.  Not long before these incidents, the Chilean government had also put a halt to PRC construction of the Ventarrones space facility in the Atacama Desert, in which experts had identified a risk of being used for military purposes against the U.S. in time of war.
During my own address inaugurating the academic year at Chile’s National War College (ANEPE), a three-person PLA delegation, including their military attaché, Senior Coronel Wang Hui and his deputy, Lieutenant Coronel Chen Chen, attended the session along with a number of other military attaches of countries friends of Chile, although colleagues told me that it is rare for them to appear in such fora.
While the most public U.S. pushback regarding China’s activities in Chile have involved the military, space, and strategic technology domains, the most important PRC levers over Chile are arguably its deeply entrenched position as a business partner, complimented by the webs of relationships it has built in the country.  As one senior Chilean businessman with whom I spoke frankly put it, with 40% of Chile’s exports going to China, twice as much as what Chile sells to the US, the country would be foolish to risk provoking China.  He cited how the PRC had imposed sharp economic sanctions on Australia when the later had pushed back against China on security issues, illustrating to me that the PRC record of subtle but significant vengeance against those who defy it is very much on the mind of Chileans.
Virtually every major sector of the Chilean economy is touched by the PRC in some way.  75% of Chilean copper, the country’s major export, and a similar portion of its lithium, goes to the PRC.  China’s Tianqi is an important investor in Chile’s lithium sector, in partnership with SQM, connected to Chilean business magnate Julio Ponce Lerou.  China also purchases  90% of Chile’s cherries, and a significant portion of its grapes and other fruit, well as Chilean wine, and even wood pulp.
In the electricity sector, PRC-based companies control almost 60% of electricity distribution throughout the country, and are the dominant vendors of solar panels, as well as important builders of wind and solar facilities throughout the country.  40% of autos in Chile are Chinese, with Chinese companies such as BYD having a far bigger share of the electric vehicle market, including electric busses.  As examples, all busses in Coipaipo are now electric, sold to the city by China, while Santiago has the largest fleet of Chinese electric busses outside the PRC.
In telecommunications and other digital industries, PRC-based companies are dominant.  Chinese cellphone brands including Huawei, ZTE, Xiaomi, Honor, and Oppo, are ubiquitous, offered through almost all of Chile’s major service providers, Movistar, Entel, Claro and WOM.  Huawei has at least three data centers in Chile, and had announced plans to build more, along with China’s Tencent, if the previously mentioned Chile-China Express cable goes forward.
In the strategic port sector, two Chinese companies, China Railway Construction Corporation (CRCC) and China Harbour Engineering Corporation (CHEC) are among seven pre-qualified for the first phase of a long-delayed but important project to expand the Port of San Antonio, Chile’s most important deepwater port, serving the greater Santiago metropolitan area.  Of less commercial value, but of potentially enormous strategic importance, during my trip, colleagues also made me aware of initial signed commitments for a new port project by Shanghai Ports Investment Corporation in Tierra del Fuego, where a Chinese facility could potentially give the PRC opportunities to observe and even put at risk the transits of U.S. warships through the Straits of Magellan and the Drake Passage in time of war.
CRCC has also played key roles in major infrastructure projects involving improvements to Highway 5, the major Noth-South artery in the country, and Line 7 of the Santiago Metro, although CRRC ran into performance problems with both projects that led the Chilean government to remove them from the metro project, as a well as a $140 million lawsuit on their Highway 5 work.
In the retail sector, there are an estimated 1,000 “Chinese Malls” throughout the country, in virtually every Chilean city.  They have become the focus of authorities due to improper practices from carrying contraband goods to practices such as not issuing receipts, that allow them to avoid paying taxes.
Ironically, in sectors such as electricity, mining, and transportation infrastructure, the market-friendly, regulation-streamlining policies that President Kast supports, could actually accelerate the advance of PRC-based companies in the country, especially those whose projects were stymied by environmental and other regulations during the prior Boric administration.
Beyond just business, the Chinese networks that have emerged in Chile through business and other ties are also notable.  These include formal organizations like the China-Chile Business Council (CHICIT).  Chile’s Congress has an unusually large PRC friendship group, with over 40 members in the prior session, including its head, Chilean Communist Party member Karol Cariola, who was implicated in an influence trafficking scandal involving Chinese businessman Emilio Yang and the improper certification of one of his Chinese Malls.  Such networks also involve trips for local officials, sometimes leveraging the “Sister City” and “Sister Province” relationships the PRC has established in the country, such as that between Hefei and Santiago.
In academia, major Chilean universities such as the University of Chile, Catholic University, Saint Thomas, and Andres Bello have Chinese studies programs sustaining networks of scholars with academic ties to the PRC.  Initiatives linking China-focused Chilean scholars across multiple universities, such as the Nucleo Millenium ICLAC program, further facilities such ties.  Beyond such academic networks, the PRC has 17 Confucius Institutes in Chile including one in the Catholic University, one in the Frontier University in Temuco, a new one, opened in December 2025, at the University of the Magallanes, and a total of 14 associated with campuses of Saint Thomas University across the country.  Chile also hosts CRICAL, the headquarters for all Chinese Confucius Institutes, at Saint Thomas University.  These institutions also serve as a key gateway for attracting Chileans interested in Chinese language and cultural studies, channeling the most capable towards deeper contacts with the PRC through Chinese government-funded and other scholarships.
In the media space, both of Chile’s leading national papers, El Mercurio and La Tercera, receive advertising revenue from the PRC. El Mercurio regularly publishes verbatim editorials submitted by the PRC Ambassador, Niu Qingbao.  The left-oriented Radio Cooperativo, and the PRC organization Radio China International, co-produce a relatively well-known pro-China program, “The China Effect.”
PRC networks in Chile extend to criminal activity, with the strongest presence believed to involve a mafia group based in Fujian. They are reportedly involved in human trafficking, growing marijuana and synthetic drugs, among other activities.  There is anecdotal evidence that Chinese intelligence services may work with such groups.  A suspected PRC “police station” in Viña del Mar, for example, was located in a restaurant, Fooly, owned by Chinese businessman Wang Ing La, with suspected mafia ties.
With so many China ties among Chilean business groups, and so many webs of Chinese “People-to-People” relationships, it is difficult to imagine the Kast government significantly reducing the PRC commercial presence or reducing its pushing back on the PRC politically.  It is equally likely that the U.S. Ambassador to Chile, Judd, known for his directness, will continue to call out risky or improper engagements with the Chinese.  Meanwhile, President Kast will continue to walk a delicate path regarding how much to rein in his own government team, possibly risking PRC economic and other retribution, in order to further strengthen the relationship with Washington.

 

R. Evan Ellis is the Latin America Research Professor at the U.S. Army War College. The views expressed herein are his own.
Note: Originally published by Expediente Abierto.